La Inspección de Trabajo ha logrado que se regularizaran contratos temporales y parciales fraudulentos de muchas empresas, gracias a la validación de las actas de infracción automatizadas, algo que hasta el momento solo estaba en manos de los inspectores y subinspectores de Trabajo. Es decir, el propio algoritmo propondrá directamente la sanción a la compañía de forma automática y el llamado ‘Big Data’ pasará a tener más poderes asignados en 2023.

El Gobierno validó las actuaciones automatizadas esta semana en el decreto de los ERTE, que –entre la mucha letra pequeña que incluye– modifica la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social). Se habilita a la Inspección de Trabajo a emitir actas de infracción basadas en actuaciones automatizadas, “es decir, sin intervención directa de un funcionario actuante en su emisión y sin reducción de las garantías jurídicas de los administrados”, explica el texto legal. Será una ayuda para el personal, “permite con los mismos recursos humanos actuar contra un número infinitamente superior de incumplimientos a los que se podría alcanzar mediante el procedimiento de actuación y sancionador ordinario”, explican fuentes de Trabajo.

Sin embargo, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social (SITSS) lanzó un comunicado en contra, ya que considera que se pretende “suplantar la imprescindible y necesaria intervención del inspector” a través de “robots”. En la organización sindical consideran además que estos mecanismos no tienen las suficientes garantías jurídicas, de independencia y veracidad que aportan los trabajadores de la Inspección.

A la patronal CEOE tampoco le han gustado las inspecciones automatizadas. “Desde el ámbito empresarial se ve con preocupación puesto que se considera que estas herramientas de inteligencia artificial deben, en línea con lo que viene señalando el Parlamento Europeo y el CES europeo, preservar en todo momento los derechos de los administrados”, sostienen fuentes patronales.

Fuentes del Ministerio de Trabajo precisan que estas actuaciones aún no se han iniciado y van a ser detalladas y reguladas en la revisión del reglamento sobre los procedimientos sancionadores que ya está en marcha. La actualización del texto pretende, tanto modernizar los procedimientos (por ejemplo con estos mecanismos automatizados), como actualizar las cuantías de las sanciones, que llevan sin tocarse desde 2007.

Por tanto, si todo sale bien, para 2023 estos robots y algoritmos podrán ser el enemigo de muchas empresas que no cumplen con la legalidad. Sea como sea, esperemos que los cambios siempre sean para mejorar y luchar por una sociedad más justa.

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